Reparación millonaria y donaciones por la perforación de un caño maestro que afectó el suministro de agua en Yerba Buena

La salida alternativa (probation) será por el plazo de un año. Instituciones de bien público serán beneficiadas por las reglas de conductas impuestas. 
23 de febrero de 2026Bajo la Lupa NoticiasBajo la Lupa Noticias

Con dictamen favorable del Ministerio Fiscal, este lunes 23 de febrero se hizo lugar a una salida alternativa (probation) presentada por la defensa de Juan Zamora (74 años), acusado por el delito de robo simple en concurso ideal con el entorpecimiento de la provisión de agua. “El instituto de suspensión de juicio prueba busca una solución restaurativa y eficiente del conflicto penal en donde se prioriza básicamente el daño y la paz social. Nos parece importante el ofrecimiento de la reparación en cuanto constituye la reconciliación de esta Justicia Restaurativa con la sociedad. De este modo, se buscan actos que beneficien a la comunidad afectada y, entre ellos, me parece importante destacar las reglas de conducta impuestas que tienen un fuerte componente comunitario y económico”, dijo el fiscal Diego López Ávila, a cargo de la de Usurpaciones,

Estafas y Cibercriminalidad I. Previamente, el titular de la Fiscalía recordó las características del hecho: “Se lo imputó por haber diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina, entre los meses de febrero de 2022 y mayo de 2023, que consistió en la perforación de un caño maestro en una propiedad colindante a la suya de la Universidad Nacional de Tucumán; caño maestro que asiste a la zona de Yerba Buena puntualmente a la zona de El Corte y demás, acción realizada con el conocimiento de un posible desabastecimiento a zonas pobladas”.

De esta manera, la defensa técnica ofreció la reparación económica por el daño provocado por la suma de $250.000.000 (a favor de Caritas Tucumán) junto con la donación de pintura a una escuela pública y de una puerta a una parroquia ubicadas en La Calera (Alberdi). Además, se hará entrega de una motobomba al

Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) del MPF que será destinada a una institución de bien público. Finalmente, el juez interviniente autorizó este instituto por el término de un año.

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