Cuando el poder condena sin pruebas

En un contexto atravesado por la presión mediática, el impacto social y pronunciamientos oficiales anticipados, el abogado Juan Pablo Albornoz expone una mirada crítica sobre una causa que, sostiene, se transformó en un caso paradigmático de condena anticipada. Desde una doble posición, profesional y personal, advierte sobre la vulneración de garantías constitucionales, la ausencia de independencia judicial y el uso de la prisión preventiva como respuesta política.

“Te hablo como padre de un chico adolescente, como ciudadano de esta provincia y como abogado. Lo que estoy viendo en esta situación de estos chicos, cuyas familias conozco y son excelentes, es una situación de extrema gravedad institucional. Se están violando principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Estos chicos ya recibieron una condena anticipada, porque no existe ninguna prueba, ni directa ni indirecta, que los incrimine en el hecho”.

En ese marco, remarca que la prisión preventiva es una medida excepcional y no una regla general. “Solo puede dictarse cuando existen riesgos procesales reales, y ese no es este caso. Acá se la está utilizando como una condena anticipada y, peor aún, como una condena social, mediática e institucional”.

Albornoz apunta directamente contra las declaraciones de las máximas autoridades provinciales. “Lamentablemente, el gobernador de la provincia y el jefe de Policía se equivocaron gravemente al prejuzgar sin pruebas, al calificar a estos chicos como patoteros, delincuentes o cobardes. Se armó un operativo de detención desproporcionado, como si se tratara de un capo narco. El traslado fue una locura. Eso demuestra que no hay independencia de poderes”.

Respecto de la audiencia judicial, sostuvo que fue clara en favor de los imputados Máximo Carreras y Santiago Bagner. “Quedó demostrado que no hay pruebas de que hayan participado en el hecho ni de que hayan agredido a nadie. Incluso el informe del médico forense habla de lesiones leves, no graves como se afirmó públicamente. Si el juez hubiera actuado con independencia, debería haberles otorgado la libertad”.

Sin embargo, plantea que el condicionamiento político fue determinante. “Si el juez desacreditaba la postura adoptada anticipadamente por el gobernador y el jefe de Policía, quedaba expuesto. Iba a recibir críticas, desgaste público e incluso posibles demandas por el daño causado al honor de estas familias. Por eso digo que acá se están violando múltiples principios legales”.

Albornoz subraya que los jóvenes deben ser juzgados, pero en libertad y con pleno respeto al debido proceso. “Ni siquiera pudieron declarar y ya están privados de su libertad. Lo más grave es que nadie parece tener en cuenta su integridad física. Son chicos sin antecedentes que están siendo enviados a un lugar donde hay verdaderos delincuentes”.

Advierte además sobre el riesgo concreto que implica la estigmatización. “Sabemos cómo funciona el sistema carcelario, que circula información y celulares, y que existe una demonización instalada sobre el rugby y los ataques en grupo. Esto los expone a represalias y a sufrir lesiones reales, sin que siquiera se haya probado su participación en los hechos. Esa falta de responsabilidad es alarmante”.

Finalmente, describe el clima social que atraviesa Concepción. “Hay impotencia, bronca y angustia. Estos chicos son de buena familia, no tienen antecedentes, no son violentos y no tienen ese perfil. Aun cuando el error del poder político complique el escenario, eso no debe llevarnos a bajar los brazos. Como ciudadanos, tenemos que acompañar y apoyar a estas dos familias”.