Bajo la Lupa NoticiasEn una sesión especial extraordinaria celebrada este lunes, la Legislatura de Tucumán, presidida por Miguel Acevedo, aprobó los dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo. La decisión se tomó pese a las críticas de la oposición, que cuestionó las medidas propuestas.
El primer DNU, el Decreto Nº 11/3 (MEyP), establece la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones de personal en la administración pública provincial, incluidos los entes autárquicos y organismos descentralizados, durante un período de dos años, a partir del 1 de enero de 2026. La medida, que forma parte de la Emergencia Económica y Social, solo permitirá excepciones debidamente justificadas para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales. Además, el decreto habilita la reasignación transitoria de personal entre dependencias estatales sin modificación de cargos ni remuneraciones.
Por su parte, el segundo DNU, el Decreto Nº 1/3 (MEyP), establece que los proveedores del Estado estarán exentos de presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal como requisito para participar en ofertas de contratación de bienes y servicios hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, que busca agilizar los procedimientos de compras públicas, se justifica por la situación económica nacional y pretende evitar que la exigencia del certificado desincentive la participación de proveedores en las licitaciones.
En ambos casos, el oficialismo logró la aprobación de los DNU con su mayoría legislativa, mientras que la oposición criticó duramente la falta de consenso y de un debate más amplio sobre las medidas. El oficialismo defendió las decisiones, argumentando que son necesarias para optimizar los recursos en el contexto de una crisis económica.
Las medidas aprobadas son parte de una serie de políticas impulsadas por Jaldo para hacer frente a la situación económica, que incluyen tanto restricciones en el gasto público como flexibilizaciones para agilizar trámites en el Estado.
