El frente opositor presentó un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para revocar la oficialización de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional, argumentando que su postulación está prohibida por la Constitución y constituye una candidatura “testimonial” que vulnera los derechos del electorado, según la denuncia a la que accedió Bajo la Lupa.
Elecciones 202526 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl frente electoral “Unidos por Tucumán”, a través de sus apoderados Daniel Ponce y Patricio Vega, con el patrocinio letrado de Antonio María Hernández, presentó ante la Cámara Nacional Electoral un recurso de apelación contra la oficialización de la candidatura de Jaldo a diputado nacional por la alianza “Frente Tucumán Primero”, de cara a las elecciones del 26 de octubre de 2025. Según la denuncia a la que accedió Bajo la Lupa, el escrito sostiene que la postulación del gobernador es inviable por dos motivos centrales: la prohibición expresa del artículo 73 de la Constitución Nacional y el carácter “testimonial” de la candidatura.
El recurso enfatiza que el artículo 73 establece que “los gobernadores de provincia no pueden ser miembros del Congreso por la de su mando”, norma que busca proteger la libertad del voto y garantizar que los gobernadores no influyan indebidamente en los electores, tal como se discutió en la Convención Constituyente de 1853 y fue ratificado en diversos fallos de la Cámara Nacional Electoral. Además, citan a especialistas como Agustín De Vedia y Dieter Nohlen, quienes sostienen que estas restricciones buscan asegurar la seriedad de la candidatura y la equidad de la competencia electoral.
En segundo lugar, la apelación califica la postulación como “testimonial”, apoyándose en jurisprudencia que considera estas candidaturas inadmisibles por distorsionar el sistema representativo. El recurso recuerda fallos de la Cámara Nacional Electoral y opiniones de la Corte Suprema, señalando que las candidaturas eventuales, testimoniales o condicionales afectan la voluntad de los electores y el principio de prevalencia de la verdad material en los procesos electorales, comprometiendo la legitimidad de la representación política.
El escrito concluye solicitando que la Cámara Nacional Electoral revoque la resolución de primera instancia que oficializó la candidatura de Jaldo y rechace su postulación. Además, se deja planteada la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema en caso de que la apelación sea desestimada.
Quien es el letrado de Antonio María Hernández, que patrocino la denuncia
El recurso fue patrocinado por el abogado Antonio María Hernández, especialista en derecho constitucional, federalismo y derecho municipal. Nacido en Córdoba, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y ha sido convencional constituyente, diputado nacional y catedrático en diversas universidades de Argentina y América Latina.
Hernández dirige el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, es vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Ha publicado más de 50 libros, impartido más de 900 conferencias y recibido distinciones internacionales, entre ellas el título de “doctor honoris causa” por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el de “posdoctor en Derecho ad honorem” por la Universidad de Bologna.
El gobernador respondió a la apelación presentada por Unidos por Tucumán y aseguró que su postulación a diputado nacional es constitucional, criticando a Roberto Sánchez, a quien se refirió con el apodo “Flancito” en sus declaraciones.
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El ambientalista de la Fundación Ave Fénix criticó los dichos del presidente de la Sociedad Rural y alertó sobre los riesgos ambientales de la quema de cañaverales. Exigió mayor intervención de las autoridades para prevenir estos incendios que, según Mahmud, son responsabilidad de los propios productores.
El gobernador destacó el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal para combatir esta práctica que afecta al medioambiente, la salud y la seguridad vial. “Este gobierno vino a poner orden y la ley es pareja y rigurosa para todos”, aseguró.