Investigan un emprendimiento inmobiliario ilegal sobre tierras provinciales en la Reserva Natural La Angostura. Los acusados habrían falsificado documentos y vendido lotes sin título legítimo.
11 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasSiete personas fueron imputadas formalmente en la causa que investiga la usurpación de tierras del “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar, zona perilago de La Angostura. Así lo informó La Gaceta, detallando que en una audiencia realizada este lunes el juez Mario Velázquez aceptó los pedidos del Ministerio Público Fiscal (MPF), aunque rechazó un planteo de prejudicialidad y cuestionó la demora en la investigación.
Los imputados son: Juan Pablo Castro (presunto titular del emprendimiento), Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro (empleados de la ex subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat), Fernando Rogel Chaler (ex titular de Dominio Territorial), Yanina Mamaní (nuera de Trujillo), Damián Romano (nieto político de Castro) y Jorge Cruz (ex comisionado rural de El Mollar).
La investigación comenzó a principios de 2025, luego de que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, denunciara que un grupo estaba desarrollando un emprendimiento inmobiliario sobre tierras provinciales en un área protegida con medida de no innovar. Inicialmente estuvo a cargo de la fiscal Mónica García de Targa y luego pasó al fiscal Miguel Varela.
Según la Fiscalía, los imputados se asociaron ilícitamente para comercializar parcelas del “Loteo Gaucho Castro”, pese a saber que se trataba de tierras estatales. Por esto, se los acusa de estafa y asociación ilícita. Además, Castro está imputado por usurpación; Trujillo, Barreiro y Cruz por negociaciones incompatibles y incumplimiento de deberes; Chaler por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
La trama habría comenzado con Castro y Romano desapoderando al Estado, y luego asociándose con funcionarios públicos que facilitaron la falsificación de documentos, loteo, trazado de calles, enripiado y la gestión de servicios públicos. Mamaní y Romano se encargaban de las ventas, engañando a compradores haciéndoles creer que Castro era el dueño, aunque las tierras siguen siendo estatales. Como resultado, las víctimas no pudieron inscribir sus propiedades ni recuperar su dinero.
Hasta ahora se identificaron cuatro casos de estafa entre 2022 y 2024, con montos que van desde $200.000 a $5 millones.
Entre las pruebas presentadas figuran informes de EDET sobre suministro eléctrico, imágenes satelitales con construcciones no autorizadas, documentos firmados por Rogel Chaler certificando a Castro como poseedor, y boletos de compraventa secuestrados. También hay informes técnicos que advierten irregularidades en el terreno.
La causa sigue abierta y la Fiscalía continúa la investigación para identificar a otros posibles implicados.
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