El juez de feria Rodrigo Martearena resolvió no habilitar el tratamiento de la solicitud presentada por la defensa de Liliana Carrizo, detenida por el presunto hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. Argumentó que no se trata de un asunto urgente que justifique su tratamiento durante la feria judicial.
Judiciales10 de julio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl juez Rodrigo Martearena resolvió no habilitar el tratamiento del pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Liliana Carrizo, una mujer detenida desde el 19 de junio por el presunto hurto del celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. La solicitud fue realizada por la defensora oficial Emilia Giselle Ale, quien sostuvo que la prisión preventiva es desproporcionada y pidió que se reemplace por una medida menos gravosa.
Carrizo está imputada por hurto simple, un delito que, incluso si fuera probado, contempla penas de cumplimiento condicional. Ale planteó que no corresponde aplicar una medida cautelar de máxima intensidad para un hecho de baja entidad y argumentó que la situación personal de su defendida —madre soltera de dos hijas menores y con un embarazo de dos meses— amerita una revisión de su detención.
“La omisión del sistema penitenciario en brindar la atención adecuada afecta el derecho a la salud de mi asistida y pone en riesgo un embarazo en curso”, advirtió la letrada, quien también solicitó que se permita el uso de tobillera electrónica, aun cuando el informe del Patronato de Liberados señaló que no hay dispositivos disponibles. La defensa ofreció como garante al padre de la imputada, Luis Gerardo Carrizo, quien se comprometió a acompañarla y a asegurar el cumplimiento de las condiciones que se impongan.
La fiscal auxiliar Constanza Díaz se opuso al pedido, recordando que la prisión preventiva fue dictada para evitar posibles interferencias en la investigación. Explicó que el teléfono supuestamente sustraído sería propiedad del gobernador y que era fundamental evitar que la acusada manipulara información sensible. Además, afirmó que no hay elementos nuevos que justifiquen una revisión de la medida.
La abogada querellante, Paula Morales, representante del gobernador Jaldo, también rechazó el planteo. Sostuvo que el hecho no puede ser tratado como un hurto común, ya que se trata del robo de un celular con información institucional delicada. “No estamos ante un hecho menor, sino ante un caso de gravedad institucional”, remarcó.
Morales también cuestionó la viabilidad del domicilio propuesto para el arresto domiciliario, señalando que carece de señal para el monitoreo electrónico. Respecto a los argumentos humanitarios de la defensa, aseguró que Carrizo ha recibido atención médica cada vez que fue requerida, que no hay constancia de riesgo para su embarazo, y que sus hijas están al cuidado del hijo mayor de la imputada y del padre de esta. “No se ha demostrado que las niñas estén desamparadas”, indicó.
Por su parte, el juez Martearena aclaró que no es competencia de los jueces de feria tratar asuntos que no sean urgentes o que puedan esperar a la reanudación del calendario judicial habitual. Consideró que las circunstancias mencionadas por la defensa ya eran conocidas cuando se dictó la prisión preventiva, y que no se han presentado elementos nuevos que modifiquen esa situación.
En consecuencia, la Justicia resolvió no avanzar con el tratamiento del pedido durante la feria judicial. La defensa podrá insistir con la solicitud una vez finalizado el receso, cuando se retomen las audiencias ordinarias. Mientras tanto, Liliana Carrizo seguirá detenida en el penal de mujeres de Delfín Gallo.
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