El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales

Este miércoles, el Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización de tramos de la Red Vial Nacional, cumpliendo con un anuncio realizado meses atrás por el presidente Javier Milei. La medida fue formalizada mediante el Decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece que diversos tramos de rutas nacionales serán licitados en el plazo de un año para su concesión bajo un esquema de peaje.

El decreto detalla que las concesiones incluirán la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, así como la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales. Los tramos afectados corresponden principalmente al corredor vial 18, actualmente gestionado por Caminos del Río Uruguay (Crusa).

Tramos incluidos en la privatización

Entre los segmentos que se someterán a licitación se encuentran:

Ruta Nacional 12: de Zárate a Ceibas y de Ceibas a Gualeguay.
Ruta Nacional 14: de Ceibas a Paso de los Libres.
Ruta Nacional 135: de Colón a General Artigas.
Ruta Nacional A-015: de Concordia a la Represa Salto Grande.
Ruta Nacional 117: de Paso de los Libres al límite internacional con Brasil.
Ruta Nacional 174: entre Rosario y Victoria.

Según fuentes de Vialidad Nacional, el corredor se dividirá en dos tramos principales: el oriental, correspondiente a las rutas 12 y 14, y el sector conocido como "conexión", que incluye el puente Rosario-Victoria.

Argumentos oficiales y contexto

El Gobierno justificó la privatización argumentando la necesidad de reducir el gasto público. Según el decreto, delegar la gestión de estos tramos al sector privado busca optimizar la conservación y el mantenimiento, además de mejorar la infraestructura vial.

"El corredor vial 18 es fundamental no solo para el Litoral argentino, sino para todo el Mercosur, al conectar tres de sus países miembros por vía terrestre", señala el documento. Además, subraya la importancia de esta red para la integración económica y logística, destacando la conexión con la Represa Binacional Salto Grande.

Declaraciones previas y objetivos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado esta medida, calificando la gestión estatal de las rutas como "deficitaria" y señalando que implicaba pérdidas presupuestarias financiadas por los contribuyentes. "Esto permitirá romper con el monopolio y habilitar la participación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos, evitando la intervención de la Ley de Obra Pública", afirmó.

Por su parte, el decreto faculta al Ministerio de Economía para llevar adelante el proceso de licitación, incluyendo la aprobación de pliegos y contratos, así como la adjudicación de los tramos concesionados. "Es necesario mantener un criterio sistematizado y unificado en relación con estas concesiones", concluye el texto oficial.

Esta iniciativa marca un punto clave en la agenda de reformas del Gobierno, con implicancias directas para la infraestructura nacional y el sector privado.

Fuente: La Nación