El Gobernador instó a la Corte Suprema a tomar medidas contra el magistrado que en primera instancia ordenó devolver cocaína y marihuana a un imputado.
Política16 de diciembre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEl gobernador Osvaldo Jaldo expresó esta mañana su rechazo a la decisión del juez Gonzalo Azcárate, del Centro Judicial de Concepción, quien ordenó la liberación de una persona detenida por transporte de drogas y el reintegro de los estupefacientes, balanzas, celulares y otros elementos secuestrados.
"Yo no sé si ese juez se merece ser juez", afirmó Jaldo, cuestionando la medida judicial que calificó como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico.
"La policía hace un gran esfuerzo, realiza un trabajo de inteligencia criminal para detener a quienes trafican drogas. Colaboramos con las fuerzas de seguridad, como en el Operativo Lapacho, donde hemos secuestrado hasta 63 kilos de cocaína y cientos de kilos de marihuana. Y, con todo esto, no entendemos cómo un juez no sólo ordena la liberación, sino que también dispone que se le entregue la balanza de precisión, la marihuana y la cocaína. Es como decirle: 'Andá y seguí comercializando'", señaló con indignación.
Jaldo instó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a tomar medidas contra el magistrado. "Tengo entendido que la Corte está tomando medidas. Ese juez no puede ser juez, por más que se haya retractado o que después haya emitido resoluciones en contra de su propia decisión", subrayó.
Además, el Primer Mandatario cuestionó la desconexión del juez con la realidad social: "Ese juez tiene que salir a la calle, recorrer los barrios y preguntarle a una madre lo que significa tener un hijo que consume drogas. Ahí se va a dar cuenta del daño que causó con esta decisión".
El jefe del Poder Ejecutivo concluyó señalando: "No es un buen ejemplo, es todo lo contrario de lo que estamos haciendo como Provincia. Este juez tiene que dar muchas explicaciones, no sólo a la Corte o a los legisladores, sino fundamentalmente a la comunidad", concluyó.
El convenio bilateral tiene dos productos clave bajo estudio, aguarda un complejo proceso jurídico antes de su vigencia y todavía se recuerda en Washington cuando una amenaza de bomba canceló todas las negociaciones.
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