Tres personas más fueron acusadas por malversación de bienes destinados a los sectores más vulnerables. La causa, declarada como "asunto complejo", expone el desvío y venta ilegal de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas y una continúa prófuga. Entre los involucrados figuran un padre y su hijo, quienes acumulaban grandes cantidades de alimentos en un domicilio del barrio Manantial Sur para su posterior comercialización.
Judiciales10 de diciembre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEste martes, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, imputó a tres personas más en la causa que investiga la malversación de mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de un hombre de 50 años y dos mujeres de 23 y 27 años, quienes fueron acusados como partícipes necesarios del delito.
El juez interviniente dictó prisión preventiva para los tres imputados hasta el próximo 5 de febrero, atendiendo a los riesgos procesales mencionados por la Fiscalía, como la inexactitud de los domicilios y la posibilidad de entorpecer la investigación. Por su parte, la querella, en representación del Gobierno de la Provincia, respaldó lo solicitado por la fiscalía, mientras que las defensas de los acusados intentaron sin éxito obtener el arresto domiciliario.
Con estas nuevas imputaciones, ya suman seis los implicados en la causa, la cual fue declarada de “asunto complejo” el mes pasado. Actualmente, dos de ellos (padre e hijo) ya se encuentran detenidos, mientras que un sexto involucrado permanece prófugo con pedido de captura vigente.
El desvío de mercadería y su impacto social
La investigación, liderada por la Auxiliar de Fiscal Brenda Deroy, reveló que la mercadería en cuestión —destinada a sectores vulnerables y cuya venta estaba estrictamente prohibida— era desviada de su objetivo original y acumulada en un domicilio del barrio Manantial Sur. Posteriormente, era comercializada, privando a personas en situación de vulnerabilidad de los insumos básicos que necesitaban para subsistir.
“El desvío de la mercadería afectó gravemente a las personas más vulnerables, quienes esperaban estos módulos alimentarios para saciar una necesidad básica. Testigos declararon que les pedían documentos a los beneficiarios, pero nunca les entregaban los alimentos prometidos”, explicó Deroy.
Además, en los allanamientos realizados, se hallaron grandes cantidades de productos almacenados ilegalmente:
66 fardos de puré de tomate.
41 fardos de aceite.
90 fardos de arroz.
118 fardos de yerba.
63 fardos de fideos, entre otros productos.
Según la investigación, la logística requería de la colaboración de varias personas, quienes se inscribían como representantes de movimientos sociales o bloques políticos para retirar los productos del depósito del Ministerio de Desarrollo Social en Alderetes. Estas acciones eran clave para acumular la mercadería que, en lugar de ser entregada a los dispositivos alimentarios, era vendida para obtener beneficios económicos.
El hallazgo casual que destapó el caso
El inicio de la causa fue fortuito. El pasado 25 de noviembre, durante un allanamiento en el domicilio de Manantial Sur en el marco de una causa de lesiones leves agravadas, se descubrió el acopio de mercadería destinada a donaciones sociales, además de documentación que evidenciaba su comercialización ilegal.
El principal acusado, un hombre de 58 años, habría retirado los productos entre enero y noviembre del presente año mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Estas eran emitidas a nombre de un movimiento provincial para ser distribuidas a dispositivos alimentarios, pero el destino final fue desviado con la colaboración de su hijo, empleado de la Legislatura de Tucumán, y otros cómplices ahora imputados.
Próximos pasos
La Auxiliar de Fiscal destacó el rol crucial de los nuevos imputados: “Eran personas de confianza que se encargaban de custodiar y retirar la mercadería. Sin su colaboración, no se hubiera logrado acumular semejante cantidad de productos para su venta”.
La causa continúa avanzando con el objetivo de capturar al sexto implicado y esclarecer completamente la magnitud del fraude, que no solo representa un delito contra el patrimonio público, sino también un daño directo a los sectores más vulnerables de la provincia.
El juez Sergio Altamirano dictó sentencia en el Centro Judicial Concepción contra D. G. F., hallado culpable de abusar de V cuando era menor de edad. La pena impuesta es de siete años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Tres familias vecinas de la localidad de La Invernada fueron víctimas del acusado, en la madrugada del 17 de diciembre de 2023. En un raid delictivo que duró 20 minutos intentó robar distintos objetos de las viviendas, pero no pudo lograr su cometido.
A través de empresas fantasmas, realizaron operaciones por montos superiores a los $170.000.000 de pesos utilizando cheques sin fondos. Se los declaró responsables penales por ser considerados miembros de una asociación ilícita.
El Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la medida cautelar impuesta en contra de un joven de 19 años. A fines de junio, ingresó en dos oportunidades a un mismo local comercial del cual sustrajo dinero y mercadería por un monto superior a los $4.000.000 de pesos.
Tres acusados fueron sorprendidos en flagrancia mientras iniciaban una quema en una finca de Leales. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero la jueza interviniente dispuso medidas de menor intensidad.
El tramo intervenido con cordón cuneta, veredas y carpeta asfáltica será habilitado al tránsito en los próximos días. El acto contará con la presencia del gobernador y marcará el inicio de un proyecto más amplio para convertir la traza en una avenida con semáforos, sendas peatonales e iluminación LED.
Concepción celebrará su 125° aniversario con un desfile cívico-militar el viernes 31 y una semana de actividades culturales. El intendente confirmó la presencia de Soledad Pastorutti, Bersuit y la posible participación de Sergio Galleguillo en el cierre de los festejos.
El juez Sergio Altamirano dictó sentencia en el Centro Judicial Concepción contra D. G. F., hallado culpable de abusar de V cuando era menor de edad. La pena impuesta es de siete años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Los procedimientos se realizaron durante recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad. Una moto tenía pedido de secuestro desde 2014 por hurto y la otra desde 2010 por robo. Los rodados y sus conductores quedaron a disposición de la Justicia.
El día rinde homenaje a José Manuel Estrada en el aniversario de su fallecimiento. Se trata de un profesor, escritor y político argentino quien trabajó por promover la educación, ampliar el alumnado y desarrollar la capacitación docente.