Tres personas más fueron acusadas por malversación de bienes destinados a los sectores más vulnerables. La causa, declarada como "asunto complejo", expone el desvío y venta ilegal de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas y una continúa prófuga. Entre los involucrados figuran un padre y su hijo, quienes acumulaban grandes cantidades de alimentos en un domicilio del barrio Manantial Sur para su posterior comercialización.
Judiciales10 de diciembre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEste martes, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, imputó a tres personas más en la causa que investiga la malversación de mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de un hombre de 50 años y dos mujeres de 23 y 27 años, quienes fueron acusados como partícipes necesarios del delito.
El juez interviniente dictó prisión preventiva para los tres imputados hasta el próximo 5 de febrero, atendiendo a los riesgos procesales mencionados por la Fiscalía, como la inexactitud de los domicilios y la posibilidad de entorpecer la investigación. Por su parte, la querella, en representación del Gobierno de la Provincia, respaldó lo solicitado por la fiscalía, mientras que las defensas de los acusados intentaron sin éxito obtener el arresto domiciliario.
Con estas nuevas imputaciones, ya suman seis los implicados en la causa, la cual fue declarada de “asunto complejo” el mes pasado. Actualmente, dos de ellos (padre e hijo) ya se encuentran detenidos, mientras que un sexto involucrado permanece prófugo con pedido de captura vigente.
El desvío de mercadería y su impacto social
La investigación, liderada por la Auxiliar de Fiscal Brenda Deroy, reveló que la mercadería en cuestión —destinada a sectores vulnerables y cuya venta estaba estrictamente prohibida— era desviada de su objetivo original y acumulada en un domicilio del barrio Manantial Sur. Posteriormente, era comercializada, privando a personas en situación de vulnerabilidad de los insumos básicos que necesitaban para subsistir.
“El desvío de la mercadería afectó gravemente a las personas más vulnerables, quienes esperaban estos módulos alimentarios para saciar una necesidad básica. Testigos declararon que les pedían documentos a los beneficiarios, pero nunca les entregaban los alimentos prometidos”, explicó Deroy.
Además, en los allanamientos realizados, se hallaron grandes cantidades de productos almacenados ilegalmente:
66 fardos de puré de tomate.
41 fardos de aceite.
90 fardos de arroz.
118 fardos de yerba.
63 fardos de fideos, entre otros productos.
Según la investigación, la logística requería de la colaboración de varias personas, quienes se inscribían como representantes de movimientos sociales o bloques políticos para retirar los productos del depósito del Ministerio de Desarrollo Social en Alderetes. Estas acciones eran clave para acumular la mercadería que, en lugar de ser entregada a los dispositivos alimentarios, era vendida para obtener beneficios económicos.
El hallazgo casual que destapó el caso
El inicio de la causa fue fortuito. El pasado 25 de noviembre, durante un allanamiento en el domicilio de Manantial Sur en el marco de una causa de lesiones leves agravadas, se descubrió el acopio de mercadería destinada a donaciones sociales, además de documentación que evidenciaba su comercialización ilegal.
El principal acusado, un hombre de 58 años, habría retirado los productos entre enero y noviembre del presente año mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Estas eran emitidas a nombre de un movimiento provincial para ser distribuidas a dispositivos alimentarios, pero el destino final fue desviado con la colaboración de su hijo, empleado de la Legislatura de Tucumán, y otros cómplices ahora imputados.
Próximos pasos
La Auxiliar de Fiscal destacó el rol crucial de los nuevos imputados: “Eran personas de confianza que se encargaban de custodiar y retirar la mercadería. Sin su colaboración, no se hubiera logrado acumular semejante cantidad de productos para su venta”.
La causa continúa avanzando con el objetivo de capturar al sexto implicado y esclarecer completamente la magnitud del fraude, que no solo representa un delito contra el patrimonio público, sino también un daño directo a los sectores más vulnerables de la provincia.
El imputado, de 38 años, acechaba a las víctimas en las inmediaciones del Banco Santiago del Estero, ubicado en calle La Rioja al 200 de San Miguel de Tucumán. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II solicitó su condena y se logró una reparación económica de dos millones de pesos para las víctimas.
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