La medida es para los tres poderes y los organismos descentralizados y ya fue remitida a la Legislatura para su conocimiento.
Política15 de diciembre de 2023
Bajo la Lupa NoticiasEl gobernador Osvaldo Jaldo mediante el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), prohibió la designación de jubilados por cargos políticos jerárquicos en los tres poderes y en los organismos descentralizados y los que hayan sido contratados bajo esta modalidad cesarán en sus funciones automáticamente. La decisión fue remitida a la Legislatura para su conocimiento.
“Quienes perciban jubilaciones otorgadas en el ejercicio de cargos políticos jerárquicos en el Estado provincial no podrán ser designados ni desempeñarse en un cargo público remunerado, en ninguna condición de revista, en los órganos ejecutivos centralizados y descentralizados, Legislativo y Judicial; Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal de Apelación y Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)”, dice el artículo primero del DNU. La medida exceptúa de la prohibición para ejercer cargos públicos a aquellos que se desempeñen en un cargo “cuya cobertura derive del voto popular y aquellos que hayan obtenido una jubilación por el ejercicio de una actividad comprendida en la carrera administrativa, judicial y en el área de salud”.
En el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/1, se establece “la necesidad de adecuar las condiciones inherentes a la cobertura y desempeño de la función pública de quienes perciban beneficios jubilatorios otorgados en el ejercicio de cargos superiores del Estado”.
Según los considerandos de la norma, “la ética en el ejercicio de la función pública implica un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en ella, en todos sus niveles y jerarquía, en forma permanente o transitoria”. Asimismo justifica la medida “en atención al principio de igualdad ante la ley” para aplicar la incompatibilidad de las disposiciones adoptadas en los tres poderes del Estado y en otras áreas centralizadas y descentralizadas, “con independencia del régimen o vinculación laboral o contractual a las que estén sujetas”.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
El accidente ocurrió a la altura de Los Trejos, en el departamento Simoca. El conductor, de 25 años, perdió el control de su vehículo y volcó, pero no sufrió lesiones.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.