“Hay que enviar las actuaciones para la pertinente investigación, a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, por un lado, y a la Unidad de Violencia Familiar y de Género, por el otro. La mujer se quitó la vida por motus propio y eso está probado. En tal sentido, dejó una carta que secuestró personal de Criminalística de la policía, además del examen médico legal practicado por el facultativo de la fuerza de seguridad que así lo certifica, y la posterior autorización del mismo, para la entrega del cuerpo a los familiares para la inhumación”, explicó el titular de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale. 

Sostuvo el investigador judicial que, según los familiares de la mujer fallecida, personal de la Comisaría de Trancas no le recibió la denuncia cuando ésta la fue a realizar, pero si lo hizo con su pareja. 

“El delito de homicidio está cerrado. Lo que denuncia la familia son los momentos anteriores que se deben investigar para determinar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los policías cuando la mujer estuvo en la comisaría y si hubo o no violencia de género anterior por parte de la pareja”, sostuvo el fiscal. 

Por último, Sale acotó: “A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tiene la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno. Se habla en estos tiempos de la violencia institucional que aparece cuando han sido hostiles con la víctima o con quienes requieran la participación de la institución y esta no responde”.