El sujeto había ingresado a la vivienda de la pareja, a quienes amenazó con un cuchillo. El hecho ocurrió en mayo de 2020
Judiciales02 de agosto de 2022
Bajo la Lupa NoticiasEste martes, se realizó una audiencia convocada por el Ministerio Público Fiscal a los fines de dar tratamiento a un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa técnica de Nicolás Fernando Moya Medina, acusado de haber ingresado con fines de robo a la casa de una pareja de jubilados, hecho ocurrido el 9 de mayo de 2.020. El sujeto, de 22 años, había sido descubierto por las víctimas, a quienes amenazó con un cuchillo para apoderarse de sus bienes.
El caso fue investigado por la Unidad de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Propiedad III de Concepción, que conduce Ramón Enrique Rojas.
Según la acusación, cerca las 2.00 de la mañana, el imputado, tras saltar una tapia, ingresó a la vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. La pareja se encontraba durmiendo cuando la mujer escuchó ruidos en la cocina. Se levantó de la cama y se dirigió hasta allí donde encontró al ladrón que, al verla, se le abalanzó y la tomó del cuello, amenazándola con un cuchillo. Luego apareció el marido, por lo que el acusado se dio a la fuga por una ventana.
Reconocimiento de culpabilidad y condena
Durante la audiencia desarrollada esta mañana, el auxiliar de fiscal, Gerónimo Cano, expuso los términos del acuerdo alcanzado entre las partes. La pena pactada es de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser declarado autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma blanca.
Atento al hecho imputado y las pruebas existentes presentadas por el Ministerio Público Fiscal; y ante el reconcomiendo de culpabilidad de Moya Medina, el juez interviniente declaró admisible el juicio abreviado, dejando firme la sentencia.
El joven falleció tras permanecer más de un mes internado luego de un violento siniestro vial en San Miguel de Tucumán. La causa avanza sin definiciones y la familia reclama justicia.
El funcionario provincial fue imputado en una causa federal que investiga la creación de una cuenta digital paga con la identidad de un tercero para publicar comentarios injuriantes. La audiencia fue fijada para marzo de 2026.
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