El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó un programa que contempla inversiones aproximadas por $1.000 millones para mejorar la conectividad en cárceles federales. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial y tendrá una duración de dos años.
Política08 de enero de 2022
Bajo la Lupa NoticiasLa decisión apela a un “atraso tecnológico” que hay en las unidades penitenciarias, basado en la nota que envió la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.
Allí también explica que todos los establecimientos fueron “construidos en distintos momentos históricos y con diferentes realidades sociales”, por lo que “en ningún caso previeron -en su desarrollo inicial- la instalación y funcionamiento de las tecnologías vigentes para la comunicación”.
Con esta mejora, se prevé una mejor conexión para los encuentros virtuales entre los internos y sus familiares, así como para la educación; el trabajo; la salud; la asistencia social; las áreas administrativas, contable, de transmisión y comunicación del personal; y adecuaciones en el plano de la seguridad.
María Laura Garrigós - Interventora del Servicio Penitenciario Federal
El dinero será desembolsado desde el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, al que aportan -de manera obligatoria- empresas de tecnología y comunicaciones como Movistar, Claro, Personal y Fibertel, entre otras. Ese fondo, a su vez, recibe aportes de las licenciatarias de servicios TIC que equivalen al 1% de los ingresos totales provenientes de la prestación de los servicios.
El plan tendrá un alcance de 8 complejos y 27 unidades, en 13 provincias. Así, se estima que beneficiará a 11.000 personas privadas de su libertad, resultando en $90.000 por preso.
En los dos años en los que dure el proyecto se deberán llevar a cabo iniciativas cuyo fin sea proveer la adecuada conectividad y actualización del equipamiento para “reducir la brecha digital” y “posibilitar el acceso equitativo y de calidad a Internet".
El vicegobernador, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Interior, Darío Monteros, en el marco de la agenda institucional que lleva adelante el Gobierno provincial para garantizar la continuidad de la gestión y el desarrollo de políticas públicas en todo el territorio.
Antes de iniciar su licencia en enero, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con el vicegobernador Miguel Acevedo para ordenar el esquema de trabajo del Gobierno provincial y asegurar el normal funcionamiento del Estado mientras dure su ausencia.
El legislador Carlos Funez participó de una reunión del Peronismo de Base en Aguilares, donde se concretó la entrega de herramientas para microemprendimientos a cinco familias, en su mayoría mujeres, con el objetivo de fortalecer el trabajo y generar ingresos propios.
En el marco de la política criminal que prioriza la reparación del daño, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Fiscal distribuyeron juguetes a 42 organizaciones sociales de toda la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su apoyo a la ofensiva impulsada por Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que se trata de una acción judicial vinculada a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.
Un operativo de la Patrulla Motorizada de Concepción permitió desarticular picadas ilegales sobre la Ruta Nacional 65. Tres jóvenes fueron demorados y se secuestraron motocicletas por maniobras de extrema peligrosidad.
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El Ministerio Fiscal imputó a un joven de 24 años por organizar y participar en pruebas de velocidad ilegales realizadas el 27 de diciembre pasado. La Justicia dispuso arresto domiciliario con tobillera electrónica y una caución de tres millones de pesos.
La investigación se inició tras la difusión de imágenes en redes sociales que mostraban a dos perros muertos luego de ser atropellados. A partir del análisis de cámaras y testimonios, se logró identificar el vehículo involucrado y a su conductor.
El cadáver fue encontrado pasado el mediodía en un basural de la zona, envuelto en bolsas de consorcio. Familiares de la víctima se presentaron en el lugar y lograron identificarla. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por María del Carmen Reuter, coordina las tareas investigativas.