La decisión apela a un “atraso tecnológico” que hay en las unidades penitenciarias, basado en la nota que envió la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós. 

Allí también explica que todos los establecimientos fueron “construidos en distintos momentos históricos y con diferentes realidades sociales”, por lo que “en ningún caso previeron -en su desarrollo inicial- la instalación y funcionamiento de las tecnologías vigentes para la comunicación”.

Con esta mejora, se prevé una mejor conexión para los encuentros virtuales entre los internos y sus familiares, así como para la educación; el trabajo; la salud; la asistencia social; las áreas administrativas, contable, de transmisión y comunicación del personal; y adecuaciones en el plano de la seguridad.

María Laura Garrigós - Interventora del Servicio Penitenciario Federal

El dinero será desembolsado desde el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, al que aportan -de manera obligatoria- empresas de tecnología y comunicaciones como Movistar, Claro, Personal y Fibertel, entre otras. Ese fondo, a su vez, recibe aportes de las licenciatarias de servicios TIC que equivalen al 1% de los ingresos totales provenientes de la prestación de los servicios.

El plan tendrá un alcance de 8 complejos y 27 unidades, en 13 provincias. Así, se estima que beneficiará a 11.000 personas privadas de su libertad, resultando en $90.000 por preso.

 En los dos años en los que dure el proyecto se deberán llevar a cabo iniciativas cuyo fin sea proveer la adecuada conectividad y actualización del equipamiento para “reducir la brecha digital” y “posibilitar el acceso equitativo y de calidad a Internet".