El parlamentario se refirió al repudio que recibió de parte de algunos de sus pares por manifestar su rechazo al proyecto que estableció el cupo para personas trans en el ingreso a la administración pública.
Política09 de diciembre de 2020
Bajo la Lupa NoticiasLa Legislatura aprobó la iniciativa que promueve un cupo laboral mínimo para personas travestis y transexuales en la Administración Pública de la provincia, medida que fue dispuesta por decreto presidencial a nivel nacional en septiembre.
Este mismo proyecto había generado duros cruces entre legisladores de la composición anterior cuando se trató en agosto de 2017. Esta situación se repitió en la última sesión.
El legislador Raúl Albarracín fue uno de los parlamentarios que expresó su negativa. "Pondero la labor de mis pares en búsqueda de la inclusión y la no discriminación pero, considero que el proyecto en cuestión colisiona con el principio de igualdad ante la ley plasmado en el art. 16 de la Constitución Nacional, el cual reza: Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad", justificó.
"Es decir, se trata de una ley viciada de inconstitucionalidad por privilegiar a una minoría, a un sector o a un colectivo por determinadas condiciones personales. Por ello, como en 2017, pedí la vuelta a comisión, específicamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que tiene competencia en todo lo relacionado con los principios que derivan de nuestra Constitución Nacional, y también consideré necesario un análisis de la Comision de Hacienda ya que no se puede avanzar en un proyecto de estas características sin ese dictamen ni un estudio del impacto financiero que produce", añadió.
En ese sentido, para Albarracín "no son condiciones de idoneidad, por ejemplo, el sexo, la religión o las creencias políticas por lo que sería inconstitucional una norma que se apoye en esos supuestos", y agregó "no soy amigo de las discriminaciones. El Estado cuenta con otras herramientas y mecanismos para generar inclusión y evitar discriminaciones pero este proyecto no es la vía correcta, toda vez que es necesario poner en igualdad de condiciones a todas las personas".
El radical enfatizó en que el hecho de no observar estos principios legales y constitucionales de idoneidad e igualdad para ocupar un cargo en la administración pública generaría antecedentes para que otras minorías puedan reclamar una norma similar para ingresar a los empleos público.
"Lamento el repudio y que me hayan increpado quienes propulsaron esta norma solo por el hecho de expresar mi opinión y disentir con su proyecto, ello pone en evidencia la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Si queremos construir un Tucumán con inclusión y ser tolerantes debemos trabajar y entender que se puede disentir desde el respeto", finalizó Albarracín.
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Tras el colapso de parte de la calzada por el desborde del río, la Dirección Provincial de Vialidad ejecuta una maniobra hidráulica clave para trabajar en seco y reconstruir el terraplén y la estructura de la ruta. El operativo es supervisado por el Gobierno provincial, con maquinaria pesada y seguimiento técnico permanente para restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad vial.
Guillermo Alfredo Norry asumió como interventor y Antonio Daniel Bustamante como subinterventor de la entidad. El Gobernador remarcó el carácter institucional de la decisión y destacó el rol social y financiero de la Caja Popular en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que se adecuará un pabellón en la cárcel de Benjamín Paz para alojar a menores involucrados en delitos graves, siempre por decisión judicial. La medida se enmarca en un proyecto que busca sanciones más severas ante homicidios cometidos por menores de edad.
El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó a sectores de la oposición por el uso político y mediático de situaciones sensibles, como los hechos de inseguridad y las consecuencias del temporal en el interior provincial.
Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales realizaron recorridos preventivos en la cuenca del río Salí para reforzar la seguridad, retirar pescadores y hacer cumplir la veda dispuesta desde el 12 de diciembre. Durante los operativos se labraron infracciones, se secuestraron elementos de pesca y una motocicleta por faltas a la normativa vigente.
Autoridades municipales y provinciales realizaron una recorrida técnica en la zona de calle San Martín para evaluar el estado del río Chirimayo y coordinar acciones de cara a futuras obras que permitan reforzar la seguridad en los sectores cercanos al cauce.
Durante un control preventivo realizado este viernes al mediodía, personal policial recuperó una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de diez años. El conductor quedó vinculado a una causa por encubrimiento.
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