El actual Diputado Nacional visitó Concepción en la tarde de hoy y aseguró en diálogo con la prensa que está a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Política20 de noviembre de 2020
Bajo la Lupa Noticias
"El proyecto apunta a proteger a quienes practican un aborto hoy en la clandestinidad y es ahí donde el gobierno debe cuidar a esas mujeres que tienen tomada la decisión de interrumpir su embarazo" indicó Yedlin, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
"Para mi es un tema de salud publica, no es que esté a favor del aborto sino a favor de la despenalización y tiene que ver con aquellas mujeres que tienen la decisión tomada de interrumpir su embarazo, sobre todo las que menos capacidad económica tienen hoy y están obligadas a hacer esto en la clandestinidad".
En 2018 el peronista votó a favor de la iniciativa junto al camporista Marcelo Santillán y la radical María Teresa Villavicencio.
"Aquellos países que disminuyeron la cantidad de abortos, llevaron a cero la mortalidad materna. Debemos traer a la luz al aborto y sacarlo de la clandestinidad. El Estado no puede criminalizar a las mujeres ni abandonarlas" había declarado Yedlin en aquella oportunidad.
Mientras que los otros seis diputados se opusieron al proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos Facundo Garretón, Gladys Medina, Enrique Orellana, Beatriz Ávila, José Cano y la aguilarense Alicia Soraire.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
Con más de 950 competidores, el municipio fue sede de una nueva fecha del campeonato provincial de Rural Bike, un evento que combinó deporte, turismo y trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de La Cocha.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.