La puesta a disposición de los efectivos de este material es producto del trabajo de recuperación y reparación por parte del Ministerio Fiscal, a través de la Secretaría Judicial y de la Oficina de Efectos Secuestrados.
Política23 de junio de 2020
Bajo la Lupa Noticias
Continuando con la política criminal del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, de restituir a la sociedad lo que se recuperó del delito, se hizo entrega de 76 armas (en su mayoría pistolas 9 mm) a la policía provincial. La puesta a disposición de los efectivos de este material es producto del trabajo de recuperación y reparación por parte del Ministerio Fiscal, a través de la Secretaría Judicial y de la Oficina de Efectos Secuestrados. Para ello, se han analizado 600 causas judiciales, lo que demandó un trabajo de más de 5 meses por parte de todas las fiscalías.
“Es una entrega de efectos secuestrados a la policía de Tucumán porque tenemos una política clara por parte del Ministro Fiscal, en recuperar y reparar todo aquello que pueda servirle al estado en materia de seguridad y prevención del delito, si bien no es un área específica nuestra, queremos colaborar”, puntualizó el secretario judicial, Tomás Robert.
El acto contó con la presencia del ministro público fiscal subrogante, Daniel Marranzino y el ministro de seguridad de la provincia, Claudio Maley, quienes estuvieron acompañados por el Secretario Judicial y el coordinador general del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Eugenio Agüero Gamboa. También participaron el jefe y el subjefe de la Policía, Manuel Bernachi y José Gómez, entre otros funcionarios.
Maley destacó “el trabajo en equipo, conjunto y coordinado para mejorar el trabajo institucional y también de asistencia a la sociedad. Estas son herramientas de trabajo necesarias para los policías”.
Finalmente, Robert dijo que “este aporte es uno más de los tantos que se vienen realizando a las fuerzas y al Ministerio de Seguridad como ser vehículos y tecnología. Es importante que ahora cuenten con armas de fuego para que puedan utilizarlas en la prevención del delito”.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
La señora Nélida del Valle Ordóñez (78) perdió la vida tras haber intentado ayudar a su pareja, el ciudadano Fidel Santos Palomino, quien se encontraba en el interior del domicilio al momento del siniestro.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.