El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad presentó una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La cuestión cobró vida el último fin de semana, luego que una investigación periodística publicada por el diario La Nación hiciera público que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidación de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.
En la denuncia presentada por la AFIP, se sostiene que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”.
En la presentación detallan que la maniobra en cuestión se habría desarrollado en cuatro pasos: en el primero, “Oil Combustibles” percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.
Luego la empresa obtenía sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas “cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.
En la tercera etapa concretaban una presunta "readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda” y luego realizaban el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo.
Este tipo de maniobra se habría extendido por espacio de cuatro años, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive.
