Los allanamientos se concretaban esta tarde en las oficinas del canal de noticias C5N, en la sede de la petrolera Oil, la empresa Inversa, la consultora Deloitte, dos agencias de la AFIP (11 y 51) y otros dos locales de la empresa petrolera en Comodoro Rivadavia, informaron a Télam fuentes del ente recaudador.
Nacionales18 de marzo de 2016
El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad presentó una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La cuestión cobró vida el último fin de semana, luego que una investigación periodística publicada por el diario La Nación hiciera público que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidación de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.
En la denuncia presentada por la AFIP, se sostiene que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”.
En la presentación detallan que la maniobra en cuestión se habría desarrollado en cuatro pasos: en el primero, “Oil Combustibles” percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.
Luego la empresa obtenía sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas “cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.
En la tercera etapa concretaban una presunta "readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda” y luego realizaban el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo.
Este tipo de maniobra se habría extendido por espacio de cuatro años, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive.
Una alumna de 14 años se atrincheró con un arma en la escuela Marcelino H. Blanco de La Paz, Mendoza. Tras más de cuatro horas de negociación con fuerzas especiales y equipos de apoyo psicológico, la adolescente entregó el arma y fue contenida. No hubo heridos.
La Justicia investiga la presunta falta de control a HLB Pharma, laboratorio responsable del opioide que provocó 96 muertes. Entre los allanados figuran la administradora del organismo, Agustina Bisio, y otros exdirectivos del INAME.
La Justicia federal ordenó varios allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la droguería Suizo Argentina. Los procedimientos buscan documentación clave para la investigación tras la filtración de audios que mencionan pagos de coimas.
El diputado y presidente del PJ bonaerense cuestionó la falta de obras en Quilmes y puso en evidencia tensiones internas con Kicillof y referentes de La Cámpora. La respuesta oficial destacó las inversiones provinciales y buscó desviar la atención hacia el Gobierno nacional.
A primera hora recibieron una orden de desalojo, la cual se cumplió al mediodía. Allí hubo forcejeos, insultos y golpes, terminando con la detención de 17 personas.
El tramo intervenido con cordón cuneta, veredas y carpeta asfáltica será habilitado al tránsito en los próximos días. El acto contará con la presencia del gobernador y marcará el inicio de un proyecto más amplio para convertir la traza en una avenida con semáforos, sendas peatonales e iluminación LED.
Concepción celebrará su 125° aniversario con un desfile cívico-militar el viernes 31 y una semana de actividades culturales. El intendente confirmó la presencia de Soledad Pastorutti, Bersuit y la posible participación de Sergio Galleguillo en el cierre de los festejos.
La nueva ampliación del penal agrega 700 plazas y eleva la capacidad total a 1.470 internos, con una inversión de $27.186.950.936.
El juez Sergio Altamirano dictó sentencia en el Centro Judicial Concepción contra D. G. F., hallado culpable de abusar de V cuando era menor de edad. La pena impuesta es de siete años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Los procedimientos se realizaron durante recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad. Una moto tenía pedido de secuestro desde 2014 por hurto y la otra desde 2010 por robo. Los rodados y sus conductores quedaron a disposición de la Justicia.