Clubes de la Liga Tucumana denunciaron irregularidades y pidieron una investigación integral

Un grupo de clubes afiliados a la Liga Tucumana de Fútbol presentó una denuncia institucional ante el Consejo Federal del Fútbol Argentino y solicitó la apertura de una investigación integral sobre el funcionamiento institucional, administrativo, económico, contable y deportivo de la entidad.

La presentación, que consta de 23 páginas y está acompañada por las firmas y sellos de representantes de distintos clubes tucumanos, plantea una serie de cuestionamientos que, según los denunciantes, deberían ser investigados por los organismos correspondientes. El documento aclara que los hechos deberán ser corroborados mediante la documentación y las pruebas que se incorporen al expediente.

Entre los principales puntos señalados aparece la presunta falta de celebración en tiempo y forma de la Asamblea General Ordinaria correspondiente, instancia en la que debería tratarse la Memoria y Balance General, la cuenta de recursos y gastos y la elección o renovación de autoridades cuando corresponda. Los clubes solicitan que se requiera el Libro de Actas, las convocatorias y toda la documentación necesaria para determinar si la Asamblea fue convocada y celebrada conforme a las normas vigentes.

La denuncia también cuestiona la situación del Tribunal de Cuentas de la Liga. De acuerdo con la presentación, los mandatos de sus integrantes habrían vencido en marzo de 2026 sin que se hubiera celebrado la Asamblea necesaria para su renovación o regularización. Los denunciantes sostienen que, de comprobarse esa situación, la Liga habría continuado administrando recursos y tomando decisiones económicas sin un órgano estatutario de fiscalización con mandato vigente.

Uno de los planteos de mayor relevancia está relacionado con el manejo de los fondos de la institución. La denuncia sostiene que, según la información y documentación cuya verificación se solicita, determinados ingresos vinculados a obligaciones, aranceles, seguros, derechos u otros conceptos propios de la Liga habrían sido derivados para depósito o transferencia a cuentas bancarias personales de terceros vinculados a la conducción de la entidad, entre ellas una cuenta personal atribuida al tesorero Ricardo René Elías.

Los clubes piden que se reconstruya el circuito de esos fondos, desde su origen e identificación hasta su depósito, registración contable, eventual transferencia posterior y destino final, además de determinar quiénes intervinieron y qué autorizaciones existieron.

En ese mismo capítulo, la presentación solicita investigar específicamente la responsabilidad funcional del tesorero, teniendo en cuenta que, según el Estatuto de la Liga, tiene funciones de naturaleza administrativo-contable. La denuncia plantea que las eventuales irregularidades vinculadas con la recepción, custodia, depósito, registración y rendición de fondos deberían ser analizadas individualmente.

También se solicita examinar la responsabilidad de la Presidencia de la Liga y de los demás integrantes del Comité Ejecutivo que pudieran haber intervenido, autorizado, consentido o facilitado las situaciones denunciadas. Entre los aspectos que los clubes piden investigar se encuentran la falta de convocatoria o celebración de la Asamblea, la continuidad de la administración sin un Tribunal de Cuentas con mandato vigente, la falta de tratamiento de la Memoria y Balance 2025 y la eventual utilización de cuentas personales para recibir fondos institucionales.

Cuestionamientos al Tribunal de Disciplina

Otro de los capítulos está vinculado al funcionamiento del Tribunal de Disciplina de la Liga. Los denunciantes solicitan investigar su integración, la vigencia de los mandatos y su funcionamiento efectivo durante los períodos cuestionados.

Según la presentación, durante 2024 se habría iniciado una competencia oficial sin encontrarse regularmente constituido o en funcionamiento dicho órgano, situación que posteriormente habría derivado en una paralización aproximada de 45 días. Los clubes sostienen que, de comprobarse, esto podría haber afectado la regularidad institucional y deportiva de las competencias, debido a que los torneos requieren un órgano disciplinario operativo para resolver infracciones, protestas e impugnaciones.

En este punto también aparece una referencia específica a la final entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros. La denuncia solicita investigar la reprogramación y disputa de ese encuentro mientras se encontraba pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina, además de determinar quién dispuso, autorizó o convalidó la decisión y si el procedimiento fue compatible con el Estatuto, los reglamentos aplicables y las garantías de competencia y defensa.

La presentación pide, además, que se incorpore documentación relacionada con ese expediente, incluyendo actuaciones atribuidas al tesorero Ricardo René Elías, un comunicado de fecha 19 de agosto de 2026, condiciones de reanudación, una resolución del Comité Ejecutivo, un informe arbitral, documentación policial y la situación de un jugador mencionado en las actuaciones. Los denunciantes aclaran que estos extremos deberán ser valorados exclusivamente a partir de las pruebas correspondientes, sin anticipar conclusiones.

Pedido de auditoría

Por la cantidad de cuestiones económicas planteadas, los clubes solicitaron que el Consejo Federal disponga una auditoría contable integral de los ejercicios 2024 y 2025 y del período transcurrido de 2026.

Entre la documentación requerida figuran los libros de actas, Memoria y Balance, informes del Tribunal de Cuentas, documentación sobre sus integrantes, actuaciones del Tribunal de Disciplina, Libro de Actas del Comité Ejecutivo, pólizas de seguro, contratos, facturas, comprobantes de pago, detalle de los importes cobrados a los clubes y documentación bancaria.

También se solicita acceder a extractos y conciliaciones bancarias, Libro de Caja, Libro Mayor, comprobantes de ingresos y egresos y documentación vinculada a fondos percibidos de los clubes. La denuncia pide además identificar cuentas personales utilizadas eventualmente para recibir fondos correspondientes a la Liga y establecer quién dispuso o autorizó esas operaciones, qué montos estuvieron involucrados y cuál fue su destino final.

Solicitan medidas sobre las autoridades

En otro de los capítulos, los clubes firmantes solicitan, con carácter cautelar y preventivo, la suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos del presidente de la Liga Tucumana de Fútbol y del tesorero Ricardo René Elías mientras se desarrollen las actuaciones, hasta que el organismo competente adopte una resolución definitiva.

El propio escrito aclara que la medida solicitada no pretende anticipar una sanción ni implica prejuzgar sobre la responsabilidad definitiva de los denunciados, sino preservar la documentación y los recursos institucionales y evitar una eventual reiteración o continuidad de las modalidades denunciadas.

La denuncia también solicita que, una vez determinada individualmente la responsabilidad de los involucrados, las actuaciones sean remitidas al órgano disciplinario competente para que evalúe la aplicación de las sanciones que correspondan. Entre las medidas solicitadas figura la eventual suspensión o inhabilitación para ejercer cargos dirigenciales, siempre que las conductas denunciadas sean acreditadas y así lo determine el organismo competente.

Un nuevo capítulo vinculado al tesorero

Uno de los apartados finales incorpora un nuevo hecho que los clubes califican como de “extrema gravedad institucional” y que involucra al tesorero Ricardo René Elías.

Según la denuncia, existiría un expediente en trámite ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Criminal del Centro Judicial Concepción, identificado como D-647817/2026, relacionado con lesiones y en el que se menciona al tesorero. El documento solicita que se oficie a la autoridad fiscal o judicial competente para conocer el estado procesal del expediente y remitir las constancias que puedan incorporarse a la investigación institucional.

La presentación también plantea que, si correspondiera desde el punto de vista disciplinario y una vez garantizado el derecho de defensa, se evalúe la aplicación de las medidas que contempla la normativa de la AFA.

Finalmente, los clubes dejan expresamente abierta la posibilidad de ampliar la denuncia, aportar nuevas pruebas e individualizar otros hechos a partir de la documentación que sea requerida y de las actuaciones que se produzcan. El documento sostiene que la presentación tiene como objetivo reclamar la regularidad institucional de la Liga Tucumana, la transparencia en la administración de sus recursos, el funcionamiento de sus órganos estatutarios y la seguridad jurídica y deportiva de todos los clubes afiliados.