Bajo la Lupa NoticiasLa Justicia provincial avanzó en la investigación por la ocupación irregular y destrucción de terrenos productivos ubicados en el sector comprendido entre las calles Vicente López y Planes, Campos de las Carreras, Acequia Los Méndez y calle Las Palmeras de Concepción.
En una audiencia, el juzgado interviniente hizo lugar a los planteos realizados por el Ministerio Fiscal y dispuso la restitución de los inmuebles a la parte damnificada, además de habilitar medidas de desalojo en caso de incumplimiento.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, bajo la intervención del fiscal Gerardo Salas y la actuación del auxiliar fiscal Juan José Ibáñez.
Según la investigación, las ocupaciones se habrían producido a mediados de julio, cuando un grupo numeroso de personas ingresó a terrenos destinados al cultivo de caña de azúcar. La acusación sostiene que, para delimitar parcelas de manera irregular, se produjeron daños sobre los cultivos mediante el uso de herramientas, afectando la producción y futuras zafras.
Durante la investigación se realizaron inspecciones oculares, relevamientos fotográficos, análisis de cámaras de seguridad, testimonios de cuidadores y personal de vigilancia, además de informes periciales y documentación registral y catastral de los inmuebles.
Con las pruebas reunidas, la Fiscalía formalizó la acusación por los delitos de daños en concurso real con usurpación por despojo, en calidad de coautores.
Como parte de las medidas dispuestas, el juzgado estableció reglas de conducta para los imputados por un plazo de tres meses, entre ellas la fijación de domicilio, la prohibición de obstaculizar la investigación y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Además, se ordenó la restitución provisoria de las parcelas ocupadas. La medida establece que previamente deberán delimitarse los sectores alcanzados por la resolución judicial, conforme a las inspecciones realizadas.
Los ocupantes fueron intimados a retirarse voluntariamente del lugar en un plazo de 24 horas desde su notificación. En caso de no cumplir, la Justicia autorizó el desalojo compulsivo con intervención de la fuerza pública, bajo coordinación del Ministerio Fiscal.
La resolución también contempla la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) y equipos sanitarios ante la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores.
Asimismo, se habilitó la identificación dactiloscópica compulsiva en caso de negativa a brindar datos personales durante los procedimientos.
De esta manera, la investigación continúa en el Centro Judicial Concepción mientras avanzan las medidas destinadas a recuperar los terrenos afectados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
