Comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército en la causa que investiga el asesinato del fiscal, mientras la Justicia profundiza una línea vinculada a tareas ilegales y presuntos intentos de encubrimiento.
Nacionales18 de enero de 2026
Bajo la Lupa NoticiasA once años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia refuerza una de las líneas más sensibles del expediente, centrada en el accionar de sectores de inteligencia y en un presunto plan de encubrimiento político y judicial. Para los investigadores, está probado que se trató de un homicidio directamente vinculado a su tarea como fiscal del caso AMIA y a la denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.
En ese marco, comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército que estuvieron operativos en 2015. Al menos quince prestaron testimonio en los últimos meses, todos en carácter reservado, en una investigación que apunta a esclarecer la presencia de personal militar en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, previo al hallazgo del cuerpo en el baño de su vivienda del complejo Le Parc, en Puerto Madero.
Los investigadores buscan determinar si esos agentes cumplían órdenes ilegales, ya que se sospecha que realizaban tareas de inteligencia interna prohibidas por ley. Los datos surgieron de informes de geolocalización de teléfonos celulares que ubicaron varios dispositivos en la zona durante esas horas clave. Hasta el momento no fueron citados a declarar como imputados, aunque sus datos ya forman parte del expediente.
Paralelamente, avanza una segunda línea de investigación que apunta a responsabilidades políticas y judiciales por presuntos intentos de desviar el caso hacia la hipótesis del suicidio. Según la fiscalía, existió un plan criminal destinado a evitar que se profundizara en las circunstancias de la muerte del fiscal. En ese contexto, está prevista para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la investigación inicial en el fuero ordinario.
La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y es coordinada por el auxiliar fiscal Hernán Kleiman, con un equipo especializado que trabaja fuera de Comodoro Py. Para los investigadores, el atentado a la AMIA en 1994, la firma del Memorándum con Irán y la muerte de Nisman forman parte de una misma matriz de encubrimiento.
En el expediente ya se incorporaron testimonios de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que confirmaron la realización de tareas de espionaje ilegal sobre la fiscalía que investigaba la muerte. También se detectaron comunicaciones entre funcionarios políticos de alto rango durante las horas posteriores al hallazgo del cuerpo.
Nisman fue encontrado muerto la noche del 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza. En 2018, la Cámara Federal descartó el suicidio y avaló la hipótesis del asesinato, en base a un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Nacional. A más de una década del hecho, aún no se identificó a los autores materiales ni a quienes habrían ordenado el crimen.
Hasta el momento, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño del arma utilizada. También están imputados ex funcionarios judiciales y de seguridad por irregularidades en la preservación de la escena y el manejo inicial del caso.
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