El nuevo régimen, que modifica la tradicional Ley de Ciudadanía N° 346, es un nuevo paso dentro de la reforma migratoria de Milei, que fue oficializada a finales de mayo.
Política31 de julio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl Poder Ejecutivo oficializó este jueves, mediante el Decreto 524/2025, el procedimiento que deberán seguir los extranjeros que hayan realizado una inversión relevante en el país y busquen obtener la ciudadanía argentina. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los extranjeros interesados en acceder a la nacionalidad bajo este nuevo régimen.
El nuevo régimen, que modifica la tradicional Ley de Ciudadanía N° 346, es un nuevo paso dentro de la reforma migratoria de Milei, que fue oficializada a finales de mayo. Esta cambió los requisitos sobre los cuales se otorga la ciudadanía argentina, la residencia en el país y se avala tanto el ingreso, la permanencia y la expulsión de una persona extranjera.
Cuando la medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se dejó entre ver la posibilidad de una normativa que cree una suerte de “ciudadanía por grandes inversiones”.
Sin embargo, en ese momento, ya se sabía que era un asunto que tenía que ser elaborado en la reglamentación posterior y no iba a salir en el primer decreto junto al resto de medidas.
Ahora, con la salida de esta nueva normativa, se reglamentó, estableciendo que los extranjeros que hayan realizado una inversión considerable, según los criterios que determine el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado en el ámbito de ese ministerio. Esta agencia será la encargada de recibir las solicitudes, evaluar si la inversión cumple con los requisitos y coordinar la intervención de otros organismos estatales.
El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud ante la Agencia, que analizará si la inversión califica como relevante. Si la evaluación es positiva, el organismo solicitará informes a organismos como el Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros. Estos organismos deberán expedirse sobre si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional o los intereses del Estado.
Una vez reunidos todos los datos necesarios, la Agencia elevará un informe circunstanciado a la Dirección Nacional de Migraciones, recomendando la aprobación o el rechazo de la solicitud. Si la inversión no califica como significante o si alguno de los organismos consultados desaconseja el otorgamiento, la Agencia propondrá el rechazo de la solicitud.
El decreto indica: “En todos los casos en los que la inversión no califique como relevante o las áreas a las cuales se les hubiere solicitado información recomienden no otorgar la ciudadanía, en el informe que se eleve a la Dirección Nacional de Migraciones se hará constar dicha circunstancia y se propondrá el rechazo de la solicitud”.
La Dirección Nacional de Migraciones tendrá un plazo de 30 días hábiles para analizar el informe y resolver, mediante un acto fundado, si otorga o rechaza la ciudadanía. Además, el decreto encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la adecuación de los sistemas para permitir la tramitación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a quienes obtengan la ciudadanía por esta vía.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión también tendrá la facultad de dictar normativa complementaria y aclaratoria para regular el procedimiento y la evaluación de las solicitudes.
El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
La medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y busca, según el texto oficial, “asegurar una mayor eficiencia en el procedimiento y fomentar las inversiones y la creación de empleo”.
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