El vocero presidencial confirmó que el decreto busca restringir el acceso a servicios públicos para extranjeros sin residencia permanente y acelerar deportaciones. Se trata de una política que retoma lineamientos del DNU 70/2017, derogado en 2021.
14 de mayo de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl Gobierno nacional anunció este lunes el lanzamiento de una nueva reforma migratoria que será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en los próximos días. El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del área.
La medida contempla el endurecimiento de los requisitos para acceder a la residencia en el país, el cobro de ciertos servicios a ciudadanos extranjeros y una ampliación en los mecanismos para proceder a la expulsión de quienes cometan delitos, incluso aquellos con penas menores a cinco años.
“Argentina ha sido demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular”, afirmó Adorni. Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición de ingreso al país para personas con condenas previas y la deportación automática de quienes sean condenados por delitos cometidos en territorio argentino. Aún no se precisaron los detalles operativos de estos procesos.
El decreto también contempla el cobro de los servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, así como la exigencia de contar con un seguro médico al momento de ingresar al país. En paralelo, se habilitará a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros temporarios, aunque esta medida no alcanzará a los niveles inicial, primario ni secundario.
La iniciativa fue anticipada por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, donde sostuvo que el país “no puede seguir siendo un centro de beneficios financiado por el bolsillo de los argentinos”. En esa línea, el Gobierno apunta a reducir el gasto estimado en $114.000 millones por la atención de extranjeros en el sistema de salud público.
Desde el Ejecutivo, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, defendió la reforma al señalar que “en los últimos 20 años ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular”, y afirmó que el sistema actual “invita al caos”.
El antecedente del DNU 70/2017
El plan oficial retoma aspectos del DNU 70/2017 firmado durante la gestión de Mauricio Macri, que fue impulsado por la entonces ministra Bullrich y derogado en 2021 por la administración de Alberto Fernández. Aquel decreto fue declarado inconstitucional por la Justicia federal en un fallo que cuestionó, entre otros puntos, los plazos procesales reducidos para apelar decisiones de expulsión y la concentración de facultades en la Dirección Nacional de Migraciones.
El tribunal también advirtió sobre una “restricción regresiva de derechos” en contraposición con estándares internacionales, como los fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige que las limitaciones a los derechos fundamentales de los migrantes se establezcan por ley formal y garanticen el debido proceso.
Población carcelaria: cifras oficiales
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), hasta el 31 de diciembre de 2023 había 111.967 personas privadas de libertad en todo el país, de las cuales el 6% (6.644 personas) son extranjeras. De ese grupo, la mayoría proviene de Paraguay (1.923), Bolivia (905) y Perú (857).
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal informó este año que hay 1.884 extranjeros detenidos en el Sistema Penitenciario Federal, lo que representa el 16,1% de esa población específica. El 80% de los extranjeros encarcelados son oriundos de países limítrofes.
En la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes oficiales, hay 3.050 extranjeros detenidos, lo que representa el 45% del total de personas de origen extranjero en unidades carcelarias del país.
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