Bajo la Lupa Noticias"La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los fondos públicos, especialmente cuando existirían indicios de desvíos multimillonarios que afectan programas sociales y obras esenciales. La transparencia es un pilar de la democracia y un mecanismo para evitar la corrupción en la gestión de gobierno" expresó la legisladora radical Raquel Evangelina Nievas.
En el pedido, la parlamentaria solicita que se convoque al Ministro del Interior de la Provincia de Tucumán Darío Monteros para que informe ante la Legislatura respecto a la denuncia realizada por el Banco Macro ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación con el presunto desfalco multimillonario detectado en el municipio de Banda del Rio Salí entre enero de 2023 y junio de 2024, según lo informado en los artículos periodísticos el cual ascendería al monto de17.000 millones de pesos.
En el lapso investigado por la UIF (enero de 2023 y junio de 2024) Darío Monteros desempeñó los cargos de Intendente de BRS y el de Ministro del Interior.
Los medios periodísticos provinciales y nacionales revelan un presunto esquema de corrupción sistémica en municipios de tres provincias, con posibles responsabilidades políticas administrativas y penales. La magnitud del caso calificado como "desfalco multimillonario" exige respuestas urgentes para determinar si se violentaron derechos de poblaciones vulnerables al desviarse fondos de programas sociales, indica parte de los considerandos.
"Además, en el informe elaborado por la UIF se observó que la mayor parte de los presuntos ilícitos se habrían cometido en la proximidad de los actos eleccionarios, lo que impacta negativamente en la credibilidad de la democracia y la política como herramientas indispensables de transformación social y económica" recalca Nievas.
Dra. Raquel Evangelina Nievas - Legisladora provincial
Y concluye; "los fondos públicos pertenecen a la sociedad y estaban destinados a mejorar infraestructura, salud, educación, la seguridad y asistencia social. La claridad sobre su uso agrava las desigualdades estructurales en provincias como la nuestra, con altos índices de pobreza, siendo elementos nocivos para la inversión privada y pública por desconfianza en la gestión estatal".
