"El Gobierno denuncia uso irregular de edificio de la Universidad de las Madres para actividades ilegales y políticas"

La Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en un edificio cedido por el Ministerio de Justicia a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde funcionaba un boliche clandestino y se realizaban actividades políticas irregulares. El inmueble, ubicado en Rivadavia al 2700, será recuperado y vendido, según informó el Gobierno.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reveló detalles sobre el caso en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “Este inmueble, cedido en 2018 para fines educativos, fue transformado en un boliche clandestino con parlantes, luces, barras de bebidas alcohólicas y hasta un área para jugar a los dardos. Es indignante”, declaró.

El Ministerio de Justicia confirmó que presentó una denuncia penal tras identificar el uso irregular del edificio. Según un comunicado oficial, el espacio no solo era utilizado como boliche, sino también como un "búnker político" y sede de organizaciones privadas, en completo abandono y deterioro.

El vocero añadió que, además del boliche, en el inmueble operaban entidades vinculadas al partido M.I.L.E.S., asociado a Luis D’Elía, y otras organizaciones como AMUMRA (Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina) y una asociación de haitianos en Argentina. En el tercer piso, incluso residía una familia.

“En 2023, el Ministerio de Justicia destinó 4500 millones de pesos a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo sin que se registrara un solo alumno. Este lugar dejó de ser un espacio educativo para convertirse en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado con dinero público”, afirmó Adorni.

Acciones legales y recuperación del inmueble

El Gobierno confirmó que el edificio será puesto a la venta, y se espera que los responsables enfrenten consecuencias legales. “Este despilfarro es una prueba del saqueo sistemático de recursos públicos. La fiesta se terminó”, sentenció Adorni en nombre del presidente Javier Milei.

La situación generó controversia, destacando el uso indebido de fondos públicos y la falta de control en la gestión de bienes del Estado. Mientras las investigaciones avanzan, el caso se suma a una serie de denuncias sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos en Argentina.