Prisión efectiva de cuatro años para Jorge Domingo Lescano apodado “Maldad”. Intervino la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, a cargo de Diego Hevia.
Judiciales03 de julio de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEn un juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, condenó a Jorge Domingo Lescano (alias "Maldad"), quien se desempeña como empleado de Vialidad Provincial.
La pena es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en perjuicio de la salud pública, por hechos ocurridos desde el 8 de mayo al 7 de junio del año pasado (ver abajo).
En representación de la Fiscalía, a cargo de Diego Hevia, la auxiliar de fiscal, Andrea Sánchez, fue la encargada de oralizar el convenio y relatar las pruebas, entre ellas, la pericia acústica (que tomó el cuerpo de voz del imputado) realizada por la Policía Federal de Buenos Aires. En uno de los audios, el acusado decía: “Más vale que hay, estoy dando 3g de suprema, lo legal, pero tienen que pasarme un video mostrándome que han puesto el voto mío, y han sellado el sobre, me muestran el video, yo de ahí ¡pumba! les doy, me mandan mensaje donde están y les llevo eso”.
En tanto, en la red social Facebook circuló un video con los audios aludidos en la denuncia y una imagen en la que se observa la leyenda: “Urgente, Atención Gente de Simoca!!!!!!!!!! Esto es lo último que se esperaba de la Lista de Pablo Silva!!!!! Le dan drogas a los jóvenes a cambio del voto!”.
Reflexión del fiscal
"La diferencia aquí con el resto de los imputados que usualmente tenemos en el sur de la provincia es que este sujeto tenía un empleo en la administración pública (Vialidad Provincial) y ha sido candidato a concejal. En uno de los audios donde circulaba su voz ofrecía 2 gramos de cocaína (le decía suprema) a cambio de un voto. Esa grabación la hicimos peritar lo que determinó que era compatible con su voz. Se da esta situación que como empleado público, donde tenía su fuente de ingreso, se dedicaba a la comercialización de drogas", expresó el fiscal Diego Hevia.
La comercialización
El modus operandi que utilizaba Lescano era la venta (de cocaína y pasta base) en su domicilio del barrio Alfonsín en Simoca, más precisamente en el sector del negocio y ocasionalmente en la modalidad delivery comunicándose con los eventuales compradores vía Whatsapp.
Finalmente, el juez penal de Narcomenudeo en los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros, Roberto Eduardo Flores, hizo lugar al convenio arribado entre las partes.
Acusación
En virtud de las tareas de inteligencias practicadas por personal policial de la DIDROP Oeste, se constató a través de actas, registros fílmicos y fotográficos que, desde el 8 de mayo al 7 de junio del año pasado, en distintos horarios del día, divisaron movimientos inusuales de llegadas de personas al domicilio donde reside Lescano en el barrio Alfonsín de la ciudad de Simoca. Luego de ser atendidas en el almacén de su propiedad, realizaba el intercambio de estupefacientes por dinero donde se lo observa comercializar estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en una clara infracción a lo prescripto por ley 23.737, utilizando asimismo como medio para efectuar las ventas y coordinar la provisión de sustancias estupefacientes un teléfono celular. Por lo que, en virtud de una medida de allanamiento, registro, requisa y secuestro (dispuesta el 26 de agosto del año pasado) se procedió al ingreso al inmueble y el decomiso de: ocho envoltorios plásticos (con prueba de campo positivo para cocaína con un peso de 2 gramos); restos de sustancia dispersa en dos estantes tipo góndola (con prueba de campo positivo para cocaína); recortes plásticos varios (de color blanco); un paquete de papel engomado utilizado para el fraccionamiento de dichos tóxicos; una balanza digital; tres teléfonos celulares y dinero de diversa y baja denominación aptos para dar cambio. Durante la medida, quedó secuestrado el automóvil marca VW Polo (ver foto).
Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la sustracción del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. En esta instancia, Liliana Nadir Carrizo, acusada por el hecho, volvió a declarar y lanzó fuertes acusaciones.
El Tribunal de Impugnación confirmó las prisiones preventivas contra los acusados, basándose en riesgos procesales y pruebas objetivas, a pesar de los planteos sobre falta de fundamentos y condiciones personales de los imputados.
Esto demuestra el alto nivel del trabajo técnico que realiza el laboratorio. “Nos fue excelente. No tuvimos ninguna discordancia en los resultados”, explicó la MSc. Guillermina Almada, responsable del área.
En el fallo, los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado por diversas causas acumuladas. Además de la pena, el dirigente deberá cumplir reglas de conducta y se le prohibió referirse a funcionarios y autoridades involucradas.
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