El presidente Alberto Fernández firmó este jueves por la tarde el decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial y que impedirá la incorporación de más beneficiarios de diferentes programas sociales, pero, al mismo tiempo, buscará que los que actualmente reciben la ayuda del Estado accedan a un trabajo genuino.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en uno de los artículos de esta norma se instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar, en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al plan “Puente al Empleo”.

De esta manera, el Gobierno busca que las personas que actualmente están inscriptas en ese programa puedan ingresar a un empleo formal y, de esa manera, ya no necesiten de la asistencia estatal.

El decreto en cuestión fue firmado por el Presidente, tras una reunión que mantuvo en su despacho con su jefe de Gabinete, Juan Manzur y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Trabajo, Kelly Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

A partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

El Potenciar Trabajo es el segundo programa en importancia en el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras oficiales, en la actualidad existen unos 1.300.000 beneficiarios, de los cuales 400.000 podrían ser dados de baja después de las auditorías que están en marcha.

Las bajas de los titulares de estos beneficios tampoco podrán ser reemplazadas por otros y el dinero que se obtendrá con esta medida solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.

Asimismo, se les otorgará a las cooperativas de trabajo de la economía popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Además, en este texto se insta a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el mencionado Consejo, que tiene como misión promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”.

El organismo tendrá como objetivos principales el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y el fomento del acceso al crédito y de la compra estatal para los emprendimientos de la denominada economía popular.

El Decreto podría ser motivo de protesta por parte de los movimientos sociales de izquierda que en las últimas manifestaciones y acampes pedían una mayor cantidad de alimentos y planes por parte del Gobierno. También reclamaban la “universalización” de programas como el Potenciar, que por cuatro horas de labor otorga $28.950; esto es la mitad del salario mínimo vital y móvil.