Bajo la Lupa NoticiasLa inflación es un impuesto que golpea a todos, pero en especial a los más pobres. En la economía argentina esta definición sobre los ajustes de precios se adapta a la perfección: el rubro “alimentos y bebidas” creció en abril nuevamente en orden al 5% y habría incluso superado al aumento de marzo. Las subas continuas de la carne, pero también del pan, otros alimentos en base a harina y verduras le asestaron otro duro golpe al poder adquisitivo.
Con estos últimos valores, la inflación de alimentos y bebidas ascendería a 50% en los últimos doce meses, lo que da una idea de la magnitud de las remarcaciones. Además, el último dato se compara con abril del año pasado, cuando en plena cuarentena estricta la inflación se derrumbó a 1,5%.
El índice inflacionario del mes dará, sin embargo, bastante por debajo del 4,8% de marzo. Según el relevamiento de distintas consultoras, el índice estaría en torno a 3,7%, un punto menos que el mes anterior. La explicación es que algunos rubros que habían tenido fuerte incidencia en marzo ya no tendrán peso, como enseñanza, indumentaria o esparcimiento.
No obstante, lo que se sigue con mayor atención es la evolución de los alimentos, porque son los que tienen mayor peso en la canasta de consumo y en particular de aquellos que tienen menor nivel de ingresos.
La canasta básica alimentaria viene aumentando bien por encima de la inflación promedio. En los últimos doce meses subió 48% contra una inflación acumulada de 41,6% a marzo. La pobreza subió a 42% en el segundo semestre del año pasado y habría aumentado hasta 44% en el primer trimestre de 2021 ante la continua suba de los alimentos.
Con este panorama, el Gobierno prepara una batería de medidas que buscan reducir de la manera más drástica posible el aumento de los precios en los alimentos, todas vinculadas con controles para lograr resultados de corto plazo. El combate contra la inflación, sin embargo, requerirá de medidas de fondo.
¿Cuáles son las principales medidas que se están evaluando? Entre las que ya estuvieron trascendiendo, figuran las siguientes:
- Lista de 120 precios de la canasta básica que se congelarían hasta las elecciones. Incluso la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sugirió que los productos vengan con los precios fijos en sus etiquetas. Reemplazaría al programa Precios Máximos, que contiene más de 2000 productos. Sin embargo, las compañías alimenticias consideraron que resulta imposible sostener semejante cantidad de productos prácticamente sin variaciones de precios por tanto tiempo, ya que esta modalidad viene desde mediados del año pasado.
- Obligatoriedad para las grandes empresas de informar volumen de producción, a través del “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE). De esta forma, el Gobierno busca monitorear que se mantengan los volúmenes de abastecimiento de alimentos y bebidas al mercado.
- Implementación de la ley de góndolas: ya fue aprobada por el Congreso y reglamentada. Se busca darle más espacio a las pymes para que tengan presencia en las góndolas de los supermercados. El objetivo sería que las grandes superficies permitan más competencia, que ayudaría a bajar los precios. Sin embargo, la legislación resulta tan esquemática que no son pocos los que consideran que, tal como fue redactada, es de cumplimiento imposible.
- Nuevos registros previos de exportación: hace pocos días se aprobó para la carne, en lo que representa una suerte de regreso a la política que ya estuvo vigente durante los dos mandatos de Cristina Kirchner. El objetivo sería tener un mayor sobre el volumen exportado y asegurar el abastecimiento interno. En el sector agropecuario aseguran que terminaría desalentando la inversión, redundando en menos oferta y por ende mayor presión sobre los precios.
Fuente: Infobae
