Ante los hechos que confirmó en las redes sociales, anticipó que hará la denuncia penal correspondiente y pedirá informes a la titular de la Anses por medio del Senado Nacional.
Política31 de enero de 2021
Bajo la Lupa NoticiasLa senadora nacional Silvia Elías de Pérez denunció que sus datos personales fueron utilizados para gestionar y obtener el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Según reveló la parlamentaria, se enteró de la estafa cuando llegó a la sucursal Juan Bautista Alberdi del banco Macro, una tarjeta para el cobro del beneficio que figuraba a su nombre, con un número de DNI que difiere del suyo en sólo un dígito. La fecha de nacimiento registrada también es casi idéntica, salvo por el año y lo que si es exactamente igual, es el domicilio legal de la senadora, quien reside en San Miguel de Tucumán.
La tarjeta de débito llegó a la sucursal bancaria de Alberdi, porque la senadora es oriunda de esa ciudad del sur de la provincia.
La representante tucumana en la Cámara Alta está convencida que la maniobra contó con la complicidad de algún funcionario allegado a la Anses, y que además de la estafa en sí misma, tuvo como objetivo dañar su imagen pública.
La senadora Elías anticipó que además de la denuncia ante la Justicia Federal, llevará el caso al Senado de la Nación, desde donde demandará respuestas a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta.
Fuente: Los Primeros
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
El accidente ocurrió a la altura de Los Trejos, en el departamento Simoca. El conductor, de 25 años, perdió el control de su vehículo y volcó, pero no sufrió lesiones.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.