Bajo la Lupa NoticiasEl fiscal Pedro Gallo, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, requirió la suspensión de débitos directos en las cuentas de los trabajadores del Estado, por el plazo de tres meses, planteo que fue convalidado por el juez Néstor Rafael Macoritto, quien ordenó al banco Macro el cese inmediato de esos descuentos. La medida se concretó en la jornada de hoy, miércoles 9 de diciembre, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia penal formulada por el titular de la Defensoría del Pueblo, Fernando Juri Debo.
"Es esta una medida cautelar inicial, por el plazo de tres meses, que está destinada a proteger a las víctimas, evitar consecuencias perjudiciales y para que cesen los delitos directos, mientras avanza la investigación a los fines de establecer qué tipo de responsabilidades y de parte de quienes, según lo manifestado en la denuncia", señaló el fiscal.
Gallo comentó que podrían ser miles los damnificados. "La denuncia fue formulada por el Defensor del Pueblo a raíz de presentaciones que, en tal sentido, hicieron distintos sindicatos por descuentos de débito automático irregulares a cuentas de trabajadores estatales, en una estimación de entre 40 mil y 50 mil empleados. Los débitos son desconocidos por un sector de los trabajadores que los sufren", explicó.
Con relación a los presuntos responsables de estas maniobras y a los montos de las mismas, el funcionario judicial destacó que: "Hay una serie de empresas que aparecen denunciadas. Son descuentos de sumas chicas, de entre los $180 a $600, pero que en ese volumen de trabajadores se vuelve un monto muy importante", remarcó.
