El 19 de febrero de este año, la víctima fue sorprendida por los uniformados que ingresaron a su domicilio y se llevaron dinero en efectivo. Dos están imputados como coautores del hecho, mientras que el tercero, como participe necesario. El Ministerio Fiscal pide condenas de hasta 20 años de cárcel.
Judiciales 29 de septiembre de 2022
Bajo la Lupa Noticias
Bruno Carmelo Ciolfo, Darío Martín Romano y Guillermo Gustavo Fernández irán a juicio oral y público, por estar acusados de protagonizar un violento asalto en una vivienda en Famaillá. Eran miembros de la policía provincial (fueron exonerados de la fuerza), cuando el 19 de febrero de este año, vestidos con sus uniformes, habrían llevado a cabo la entradera en la casa de un hombre, ubicada en la zona conocida como loteo Ferraioli. Las cámaras de seguridad del domicilio registraron el accionar de los uniformados que, apuntando con sus armas, amenazaron al dueño de casa y se llevaron dinero en efectivo.
La causa, que fue investigada por la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Propiedad de Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, entró en etapa de definición. Esta semana finalizó el correspondiente control de acusación y admisibilidad de la prueba, paso previo al debate oral y público. Durante cuatro jornadas de audiencias, la fiscal Targa expuso la acusación y el cúmulo de evidencias reunidas por la fiscalía, que serán ofrecidas como pruebas en el juicio. Entre ellas figuran decenas de testimonios, análisis de registros fílmicos e informes periciales elaborados por el departamento de informática forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Dichos elementos fueron admitidos por el juez interviniente, quien dispuso la apertura del juicio oral contra los acusados.
La teoría del caso
Según la acusación, el día sábado 19 de febrero, cerca de las 11:00 horas, Bruno Carmelo Ciolfo, Dario Martín Romano y otros dos sujetos desconocidos, ingresaron al domicilio de un hombre mientras este cerraba el portón. Apuntándolo con sus armas, lo amenazaron y se llevaron dinero en efectivo. Momentos antes, la víctima, de 37 años, había recibido la visita de Guillermo Gustavo Fernández (conocido suyo y también policía) que según dijo fue hasta su casa a advertirle que lo iban a asaltar. Luego de que este se retirara se produjo la entradera. En las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad del domicilio se puede ver cómo los uniformados se mueven por los alrededores de una pileta, mientras el dueño de la casa intenta escapar del lugar, momento en que los acusados se fugaron con $20.000 en efectivo que sacaron de un auto estacionado en el garage.
En cuanto a la calificación legal, Ciolfo y Romano están imputados como coautores del delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por ser en poblado y en banda, y por ser los encartados miembros integrantes de la fuerza de seguridad policial. Fernández, en tanto, recibió la misma calificación legal pero en carácter de partícipe necesario. En este sentido, la fiscal sostiene que sin la intervención de este último no se hubiese podido materializar el atraco. Para los tres, el Ministerio Público Fiscal pide condenas de 20 años de cárcel.
El acusado fue aprehendido en un allanamiento donde se descubrió que alquilaba habitaciones a trabajadoras sexuales. El Ministerio Fiscal le abrió una causa por el delito de promoción o facilitación de la prostitución. Prisión preventiva por 90 días.
Además se dictó su prisión preventiva. El hecho ocurrió en la ciudad de Orán, cuando la acusada se detuvo para cargar gas, circunstancia en que se produjo la explosión y la droga -que iba oculta en el tubo de GNC- salió esparcida por el aire.
Por medio de un juicio abreviado, fue sentenciado a 8 años de prisión por los ataques perpetrados contra la menor durante un período de tres años, desde 2019 hasta diciembre de 2022.
El procurador Vega, huyó el 17 de mayo de 2023 mientras cumplía prisión en un domicilio, propiedad de su familia, ubicado en la ciudad de Concepción. Fue detenido la semana pasada en Chile luego de mantenerse prófugo por más de ocho meses.
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Según los cálculos de un economista un plan de una prepaga había subido en términos reales un 59% en los últimos cuatro meses.
En una reunión que se realizó entre la Comisión de Salud de la Legislatura tucumana y la Cámara de Empresas de Salud, ambas partes trabajarán en conjunto para generar una normativa que permita tener un grado de racionalidad en los precios de los medicamentos. Plantearon preocupación por la carga impositiva e impuestos bancarios.
