Un preso vuelve a denunciar que hay un plan para matarlo

Policiales 14 de marzo de 2019 Por
El juez federal Bejas pidió por su protección.
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“Me quieren matar. Ya no aguanto más. Esta es una locura porque nadie hace nada por mi vida”. G.G., el preso que denunció al personal del Servicio Penitenciario de torturarlo por no querer vender las drogas que le entregaban los guardiacárceles, volvió a hablar. Y otra vez lo hizo a través de un llamado telefónico a LA GACETA. “Estoy aterrado. Nos quitan la chance de hablar con nuestro abogado y también nos restringieron la chance de recibir nuestras visitas”, agregó en la comunicación.

El reo dijo que su situación empeoró desde que se hizo pública la denuncia que realizó el 18 de enero. “Ahora me dicen que quieren trasladarme a la Unidad 9, la de Máxima Seguridad. No quiero ir ahí. Los que van terminan mal. Te hacen aparecer como ahorcado. Te agarran y te cuelgan”, insistió.

En el penal circula la versión de que Sebastián “Pelao” Acevedo también se negó a vender sustancias para sus guardias. Apareció sin vida el 5 de noviembre de 2017 en una de las celdas de la Unidad 9. Para quitarse la vida habría utilizado un cinturón, elemento que no está permitido tener allí.

“Me quieren llevar allí para verduguearme (presionarlo y castigarlo) todo el tiempo. No me voy a rendir, pero temo por mi vida. Esto es un infierno. La situación del penal es muy grave. Es como un colectivo que marcha a toda velocidad y no tiene freno. Cuando choque, provocará una tragedia”, graficó G.G.

En la Justicia Federal

Ayer a la tarde se confirmó que el juez federal Daniel Bejas, sin conocer la denuncia del recluso, había realizado un nuevo oficio para intimar a las autoridades del Servicio Penitenciario a que tomen todas las medidas que sean necesarias para brindar protección a G.G y A.I.L, el otro denunciante. Les prohibió trasladarlo a otra unidad y, mucho menos, a otro lugar sin su autorización. En el oficio explica además que la única manera que podría salir del penal es por cuestiones de salud, previa autorización del magistrado.

Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que en las últimas horas llegó una nota del Servicio Penitenciario para explicar que no estaban en condiciones de brindar seguridad a los reclusos que habían denunciado el tráfico de drogas en la cárcel. También habrían indicado que las medidas que habían adoptado les generaron problemas entre la población carcelaria, ya que los compañeros de encierro no comparten que estén dos guardias a la par de ellos durante todo el tiempo. Recomendaron que se autorice su traslado a alguna de las cárceles federales que funcionan en Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

Bejas, en menos de 24 horas, dijo que él no podía tomar esa decisión, ya que los reclusos no están a su cargo. Por ello sugirió que se pidan las opiniones de la Sala IV (tiene la causa en la que está imputado G.G); al juez de juez de Ejecución de Sentencia Roberto Guyot (es el responsable de A.I.L), el fiscal federal Pablo Camuña (lleva adelante la investigación del tráfico de drogas en el penal) y Gustavo Morales (defensor de los denunciantes). Una vez que cuente con sus opiniones, se resolverá su situación.

Nueva presentación

Morales, que se presentó como testigo de la causa, confirmó que en las próximas horas presentará pruebas en contra de los penitenciarios. Según adelantó a LA GACETA, en esta oportunidad contará los contactos que tendrían los guardiacárceles con civiles que los ayudarían a llevar adelante la comercialización de sustancias en el penal.